Los 17 días de protestas en el país han generado que se evidencien las violaciones de los derechos humanos, la atención internacional sobre la crisis del país, la erosión del Estado, las distorsiones entre el discurso del gobierno y la realidad, la ausencia de separación de poderes y el decantamiento de nuevos liderazgos.
Sobre las violaciones de los derechos humanos el sociólogo Trino Márquez señaló la documentación sobre actos de represión de la GNB, la PNB y otros órganos del Estado contra manifestantes; así como la detención de más de 700 ciudadanos y del dirigente Leopoldo López. Dijo que hay imágenes sobre el armamento que manejan grupos paramilitares para amedrentar a la disidencia, además de su coordinación con organismos como el Sebin.
Cree que esos aspectos y el ataque a la libertad de expresión y de información, que se constató con la exclusión de la señal del canal colombiano NTN24 y la expulsión de periodistas de CNN, irrespetan garantías fundamentales. Sobre la erosión institucional, señaló que la actuación gubernamental “evidenció su concepción de dictadura neocomunista” y el desgaste de su imagen democrática ante el mundo, demostrado en la respuesta de organismos internacionales y en la gira del canciller Elías Jaua.
El discurso gubernamental disociado de la realidad, según el sociólogo Ramón Piñango, se reflejó en la Convención para la paz y el diálogo, iniciada por el presidente Nicolás Maduro, en la que no se han abordado temas como las denuncias de tortura y las actuaciones de bandas armadas. Indicó: “Las élites que se negaban a reconocerlo tomaron conciencia de que estamos viviendo una dictadura”.
Cree que quedó claro que los manifestantes detenidos y los que denuncian torturas no tienen a dónde recurrir porque no hay separación de poderes. Citó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha adelantado opinión sobre algunas de los casos. Añadió que se forjaron nuevos liderazgos en el gobierno y en la oposición, además del surgimiento del movimiento estudiantil como tercer actor.
Confrontación. El constitucionalista y profesor de la UCV Jesús Silva no cree que deba concebirse al Estado como dictatorial luego de las protestas. Subrayó que “las denuncias sobre violación de los derechos humanos son hechos aislados, pero no obedecen a una doctrina del Estado. Prevalece la intención democrática del gobierno y no se han suspendido las garantías constitucionales”.
Considera que se ha radicalizado la confrontación entre el gobierno y la oposición, lo cual originó que la MUD no participara en el diálogo. Sostuvo que esa situación aún no ha llegado al pueblo, porque habría una guerra civil. Dijo que no existen pruebas de los nexos del gobierno con bandas armadas y que en la oposición también hay hechos particulares como la colocación de guayas.
El sociólogo Trino Márquez considera que las protestas han revelado que el oficialismo ha perdido respaldo en las bases porque hasta en las zonas populares como Antímano, Caricuao y Petare ha habido cacerolazos. Cree que el descontento allí no ha sido más visible por los grupos armados que disparan a edificios
SOFÍA NEDERR | NEDERR@EL-NACIONAL.COM
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