Nosotros, la Asociacion de Residentes de las Urbanizaciones de Altamira y La Castellana (ARUACA), la Asociación de Vecinos de la Urbanización El Rosal (ASOROSAL), conjuntamente con los Consejos Comunales de Altamira, de la Urbanización La Castellana y de “El ROSAL”, representantes y voceros de la comunidad organizada de Chacao que reunimos y cuya vocería ejercemos, elevamos nuestra más enérgica protesta ante el Ejecutivo Nacional por el uso indiscriminado y criminal de bombas lacrimógenas y armas de fuego como medio de reprimir a quienes manifiestan con la sola finalidad de reclamar la satisfacción de sus necesidades básicas, el cese de la inseguridad reinante y la restauración de condiciones mínimas de convivencia social.
La evidente desproporción de las fuerzas de choque empleadas para reprimir a quienes manifiestan, aunada a la pública, impune y criminal acción de los “Colectivos Paramilitares”, dotados de armas de fuego que accionan a placer ante la vista cómplice de los cuerpos policiales responsables de preservar el orden público, ha ocasionado a la fecha muertos, heridos, detenidos e innumerables daños a la propiedad en flagrante violación a los Derechos Humanos de quienes protestan de manera pacífica, situación que únicamente contribuye a empeorar la conflictividad social entre los venezolanos, tal y como ha sido reiteradamente denunciado ante los organismos nacionales e internacionales competentes.
Con horror notamos que, las actuaciones policiales y parapoliciales de evidente corte represivo, lejos de cesar, continúan recrudeciendo en las principales ciudades del país y, de manera particular, en la Plaza Francia de Altamira y residencias aledañas a la misma, que son dirigidas con especial saña y crueldad contra lo más valioso para el futuro del país como son nuestros jóvenes estudiantes, quienes reclaman ante la inseguridad, escasez, censura y represión que todos padecemos debido a las erradas políticas públicas de un gobierno incapaz de rectificar y asumir las responsabilidades que tiene como garante de la paz de todos los venezolanos.
Los constantes transgresiones a la inviolabilidad del hogar doméstico y la detenciones arbitrarias de ciudadanos, excluyen la publicitada iniciativa de diálogo y paz que propone el Ejecutivo Nacional, pues la población, cuando percibe claramente que la intención que hace pública su principal vocero difiere o está divorciada de la acción que realiza, rechaza instintivamente la misma, haciendo imposible la finalidad de convivencia o pacto social que con ella se propone.
¿Cuál es el sentido de tanta violencia y represión? ¿Será la claudicación de nuestros principios y valores como demócratas de un país que soñamos y queremos libre y soberano? ¿Será la suplantación del Estado democrático y social de Derecho y Justicia por un socialismo de nuevo cuño o un plan de patria concebidos a contrapelo de nuestra Carta Magna? Si es así, quienes manejan la agenda de violencia y represión deberán entender que los venezolanos no estamos ni estaremos dispuestos a vivir en un régimen jurídico distinto al que patrocina nuestra Constitución, como tampoco a renunciar a los derechos y deberes que ella nos otorga y, mucho menos, a renegar de nuestra independencia, venezolanidad y la convivencia pacífica, útil, productiva y provechosa que avala. Que como demócratas que somos, estamos dispuestos a convivir en Democracia y Paz con la mayor inclusión social posible. Y que nuestra decisión es firme y no tiene marcha atrás, pues en Chacao, nuestra libertad, venezolanidad, democracia y descentralización administrativa la vivimos y defendemos como credo de vida, valores y principios estos que perecerán cuando desaparezca el último de nuestros vecinos.
Como legítimos miembros del Poder Popular y en uso de las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de Consejos Comunales (LOCC) de fecha 29/12/2009, solicitamos al ciudadano Presidente que ordene a la POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA y la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA el inmediato cese de la represión a quienes manifiestan pacíficamente y sin armas y el desarme de los Colectivos Paramilitares. Y que, además de recordarle la irrenunc, iable obligación que como mandatario tiene de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y los derechos ciudadanos allí establecidos, entre ellos la libertad de expresión y a manifestar públicamente de manera pacífica y sin armas, tenga en cuenta que el Pacto de San José y el Estatuto de Roma, adoptados por Venezuela con rango, valor y fuerza de ley, hacen responsables a los cuerpos policiales y de seguridad encargados de preservar el orden público y quienes los dirigen por violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, que cualquier pena que tal violación amerite no prescribe o pierde vigencia en el tiempo, existiendo una jurisdicción judicial internacional competente para sancionar trasgresiones a los mismos y las garantías que protegen.
Nuestra Patria está herida y a su auxilio a todos nos convoca. ¡Acudamos a salvarla!
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